Durante la dictadura el establishment fue procesista. De un procesismo activo y en realidad anterior al mismo Proceso.
La dictadura no solo fueron los psicóticos que picaneaban embarazadas en algún centro clandestino o los energúmenos con charreteras que aseguraban no tener plazos.
La dictadura fue un proyecto político que generó una inaudita transferencia de recursos de abajo hacia arriba, y que fue apoyado por los empresarios, los banqueros, los jueces, los medios, la Iglesia y las uniones patronales, que no solo colaboraron con pasión sino que le entregaron el guión, le dieron los recursos y la hicieron presentable.
Martinez de Hoz , Manuel Solanet y el resto de los-equipos-técnicos, modernos y exitosos, no fueron socios de los militares. Ellos, y sobre todo quienes representaban, fueron sus jefes.
Sin este apoyo que incluía el elogio constante de los medios (sacando valientes excepciones), el Proceso no hubiera durado mucho más que el Tejerazo.
El colapso de la dictadura permitió que solo los empleados pagaran los platos rotos. Sus jefes, más hábiles, más preparados, dieron una estudiada pirueta en el aire y apoyaron primero la Teoría de los Dos Demonios y finalmente la historia oficial de un país manso sometido por militares sanguinarios venidos de Ganímedes.
Siempre me extrañó que los perros fieles aceptaran esa estafa sin un solo ladrido. Incluso la Pando, que hoy dice defenderlos, no ataca la traición de los antiguos jefes sino que persiste en denostar a la supuesta guerrilla triunfante, como hacen sus amigos los asesinos jubilados, cada vez que su salud les permite alinear cuatro palabras.
Mal que le pese a Lanata, a los antiguos gerentes que le entregaban la lista de sindicalistas a la Capucha o a los fiscales o jueces que siguen activos, la investigación sobre la responsabilidad civil del Proceso (la más relevante) es una de las asignaturas pendiente de la democracia.